Cómo los costarricenses usan criptomonedas sin regulaciones claras

En Costa Rica, nadie te pide permiso para comprar Bitcoin. No hay licencia especial, no hay trámites largos, no hay multas por tener una billetera digital. Aunque el Banco Central dice que las criptomonedas no son dinero legal, eso no impide que miles de costarricenses las usen todos los días para pagar, ahorrar, enviar dinero o incluso empezar negocios. ¿Cómo es posible? Porque el país no tiene leyes específicas contra ellas. Y eso, en realidad, es una ventaja.

Lo que no te dicen sobre la ley

El Banco Central de Costa Rica (CBCR) ha dicho claramente: las criptomonedas no son moneda de curso legal, no son moneda extranjera, y no están respaldadas por el gobierno. Pero eso no las hace ilegales. En Costa Rica, lo que no está prohibido, está permitido. Y eso incluye comprar, vender, intercambiar, guardar y usar criptomonedas sin necesidad de un permiso especial.

Esto no significa que no haya reglas. Las empresas que operan como intercambios, billeteras o servicios de custodia deben cumplir con las leyes generales de lucha contra el lavado de dinero (AML) y el financiamiento del terrorismo (CFT). Pero no hay una ley de criptomonedas como en Europa o EE.UU. No hay licencias de VASP (Proveedores de Servicios de Activos Virtuales) exigidas... aún.

En julio de 2025, la Asamblea Legislativa dio su primer debate a la ley 22.837, una propuesta que cambiaría todo. Si se aprueba, todas las empresas que manejen criptomonedas tendrán que registrarse en la SUGEF -la Superintendencia General de Entidades Financieras- y cumplir con controles estrictos de identificación de clientes, registro de transacciones y monitoreo de riesgos. Pero hasta que eso pase, el sistema sigue funcionando sin burocracia.

Cómo los costarricenses usan cripto en la vida real

Imagina que vives en San José y necesitas enviar dinero a tu hermano en Nicaragua. El banco te cobra 15 dólares y tarda tres días. En cambio, usas una app de criptomonedas: envías 50 dólares en USDT, él los recibe en 12 minutos, los convierte a córdobas en su billetera local, y gasta el dinero sin pagar comisiones altas. Eso es lo que hacen miles de costarricenses cada día.

No es solo para remesas. Muchos pequeños comerciantes aceptan Bitcoin o Ethereum como pago. Un café en Pavas, una tienda de ropa en Alajuela, incluso un taller de mecánica en Cartago -todos aceptan cripto. No porque quieran ser tecnológicos, sino porque les ahorra dinero. Las tarjetas de crédito cobran hasta un 4% por transacción. Con cripto, el costo es casi cero.

Las billeteras no custodiales -como Trust Wallet o Phantom- son las más populares. Nadie necesita una cuenta bancaria para usarlas. Solo necesitas un teléfono y una conexión a internet. Y en Costa Rica, el 92% de la población tiene acceso a internet móvil, según el BID en 2024. Eso hace que el acceso sea masivo, incluso en zonas rurales.

Los negocios que florecen sin regulación

Costa Rica se ha convertido en un imán para startups de cripto en Centroamérica. No por casualidad. El país tiene impuestos bajos, estabilidad política, infraestructura tecnológica moderna y una cultura abierta a la innovación. Empresas como Cryptofy es una plataforma de intercambio de criptomonedas con sede en Costa Rica que permite operaciones entre monedas digitales y colones sin requerir licencia específica o BitPay Costa Rica es una filial de una empresa global que permite a comerciantes aceptar pagos en Bitcoin y otros activos digitales sin intermediarios bancarios operan sin problemas, aunque no estén registradas como VASPs.

Las NFTs también tienen su espacio. Artistas locales venden arte digital en plataformas como OpenSea y reciben pagos en ETH. Un coleccionista en San Pedro pagó 1.2 ETH por una ilustración de un quetzal digital. No hay impuestos sobre eso, porque no hay ley que lo defina como ingreso. Hasta ahora, la SUGEF no ha exigido declarar ganancias de cripto a menos que se conviertan en colones y se depositen en un banco.

Incluso el tokenizado de activos reales está en marcha. Empresas están creando tokens que representan partes de una finca, un vehículo o un apartamento. Alguien puede comprar el 10% de una cafetera en la montaña, y recibir dividendos en USDT. No hay regulación sobre esto... y nadie lo ha detenido.

El gran desafío: abrir una cuenta bancaria

A pesar de todo lo que se puede hacer con cripto, hay un cuello de botella: los bancos. Las entidades financieras tradicionales en Costa Rica tienen miedo. No porque las criptomonedas sean ilegales, sino porque no entienden cómo gestionarlas. Muchas veces, cuando una empresa intenta abrir una cuenta bancaria, el banco la rechaza sin explicación.

Un emprendedor en Heredia intentó abrir una cuenta para su empresa de intercambio de cripto. Le pidieron 18 documentos, luego le dijeron que no aceptaban negocios de “activos digitales”. Se lo llevó a otro banco. Lo mismo. Al tercero, le preguntaron si tenía “autorización de la SUGEF”. No la tenía. Porque no existe.

Eso obliga a muchos negocios a usar bancos en el extranjero -Panamá, Uruguay, o incluso cuentas en EE.UU. Pero eso trae nuevos problemas: costos altos, tiempos largos, y riesgos de bloqueo por políticas externas.

La nueva ley que se acerca (y qué cambiará)

La ley 22.837, que ya pasó su primer debate, no es un ataque a las criptomonedas. Es un intento de alinearse con estándares internacionales. Si se aprueba, todas las empresas que operen como VASPs tendrán que registrarse en la SUGEF, hacer KYC a sus clientes, guardar registros de todas las transacciones por 10 años, y reportar actividades sospechosas.

Pero atención: el registro no es una aprobación. Es una obligación de transparencia. El gobierno no está diciendo “puedes operar”. Está diciendo “si operas, debes cumplir con esto”.

Para los usuarios comunes, esto no cambiará nada. Si tú compras Bitcoin en una app y lo guardas en tu billetera, no necesitas registrarte. Solo las empresas que manejan cripto como negocio tendrán que hacerlo. Eso es importante. No es una prohibición. Es una normalización.

¿Qué pasa si la ley no se aprueba?

Si la ley no pasa antes de 2027, Costa Rica se convertirá en el único país de América Latina sin regulación formal de cripto, pero con un mercado activo. Eso puede atraer más empresas, pero también puede generar riesgos. Sin supervisión, hay más espacio para estafas, lavado de dinero o plataformas fraudulentas.

Algunos expertos temen que, si no hay marco legal, el país pueda ser etiquetado como “jurisdicción de riesgo” por el Grupo de Acción Financiera Internacional (FATF). Eso podría afectar el acceso a sistemas financieros globales. Pero otros dicen que la libertad actual es lo que hace a Costa Rica única. Y que la regulación, si es demasiado rígida, podría ahogar la innovación.

El futuro está en el equilibrio

Hoy, un costarricense puede usar cripto como si fuera efectivo. Pagar el almuerzo, enviar dinero a la familia, invertir en NFTs, o empezar un negocio sin pedir permiso. Eso no existe en muchos países. No porque sea legal, sino porque el sistema no lo ha prohibido.

La ley 22.837 no va a acabar con esta libertad. Solo va a poner reglas para las empresas. Para ti, como usuario, seguirá siendo igual: descargar una app, comprar cripto, usarla. Sin papeles. Sin trámites. Sin permisos.

Y mientras tanto, Costa Rica sigue siendo un ejemplo de cómo una nación puede permitir la innovación sin miedo. No porque sea caótica. Porque entiende que, a veces, el mejor regulador es el mercado, y el mejor protector es la tecnología.