Ley 7518: Qué es, qué regulaciones cubre y cómo afecta a las criptomonedas en España

La Ley 7518, la normativa española que establece los requisitos de prevención de blanqueo de capitales para servicios de criptomonedas. También conocida como Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo, es la base legal que obliga a todas las plataformas de cripto en España a identificar a sus usuarios, monitorear transacciones y reportar actividades sospechosas. No es un reglamento técnico, sino una ley de cumplimiento que afecta directamente a quienes operan con criptomonedas, ya sea como inversor, exchange o desarrollador.

Esta ley no solo aplica a exchanges como Binance o Kraken si tienen sede en España, sino también a billeteras custodiales, servicios de intercambio P2P y plataformas que permiten convertir cripto a euros. Si una empresa quiere operar legalmente aquí, debe registrarse en el Registro de Proveedores de Servicios de Criptoactivos, el sistema de control del Banco de España para entidades que manejan activos digitales. Sin este registro, no pueden aceptar depósitos, ni permitir retiros, ni ofrecer servicios de cambio. Muchos usuarios no lo saben, pero incluso si usas un exchange extranjero, si eres residente en España, tú también estás sujeto a estas reglas: debes declarar tus cripto en el modelo 720 si superas los 50.000€ en valor acumulado.

La Ley 7518, la normativa española que establece los requisitos de prevención de blanqueo de capitales para servicios de criptomonedas también exige cumplir con el Travel Rule, la regla internacional que obliga a compartir datos del remitente y receptor en transacciones superiores a 1.000€. Eso significa que si envías 1.500€ en USDT a un amigo, tu exchange debe enviar su nombre, DNI y dirección al exchange del receptor. Si no lo hace, ambos pueden ser sancionados. Muchos proyectos de airdrop que prometen "tokens gratis" sin KYC están rompiendo esta ley, y por eso muchos usuarios terminan bloqueados o sin acceso a sus fondos.

En España, el incumplimiento puede costar hasta 5 millones de euros en multas para empresas, y hasta 3 años de prisión para personas que participen en operaciones sin identificación. No es un aviso menor. Por eso, en esta colección encontrarás análisis reales de plataformas que sí cumplen, guías sobre cómo declarar tus cripto sin problemas, y advertencias sobre exchanges que evitan el KYC —como DOBI o TWCX— que no son solo riesgosos, sino ilegales bajo esta ley. También verás cómo afecta a proyectos como Equilibrium o Node AI, que necesitan cumplir con estas normas para operar aquí. No se trata de burocracia: se trata de proteger tu dinero y tu libertad financiera.