Cuando hablamos de regulaciones cripto Filipinas, nos referimos a el marco legal de los activos digitales, un conjunto de normas que el Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP) impone a exchanges, wallets y proyectos DeFi. También conocida como normativa cripto filipina, esta regulación cubre desde licencias hasta requisitos de reporte. En los últimos años el país ha pasado de una postura cautelosa a una agenda pro‑innovación, y eso afecta a cualquier persona que quiera operar con Bitcoin, stablecoins o tokens NFT.
El Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP), autoridad monetaria y supervisora del sistema financiero filipino. Además llamado Banco Central de Filipinas, el BSP es quien emite licencias a plataformas de intercambio y exige un programa de prevención de lavado de dinero (AML). Su atributo principal, la autoridad de supervisión, tiene como valor la capacidad de inspeccionar transacciones en tiempo real y requerir auditorías periódicas.
En 2022 se aprobó la Ley de Criptomonedas de Filipinas, un cuerpo legislativo que define obligaciones de KYC, capital mínimo y seguros para operadores de cripto‑activos. Conocida también como Crypto Act, la ley establece que los exchanges deben registrar a sus usuarios, conservar datos durante cinco años y reportar operaciones sospechosas al BSP. Su atributo “requisitos de reporte” tiene como valor la obligación de enviar formularios mensuales de actividades inusuales.
El FATF Travel Rule, norma internacional que obliga a los proveedores de servicios de activos virtuales (VASP) a compartir información del remitente y receptor en cada transferencia. También llamada Regla de Viaje, esta normativa influye directamente en la interoperabilidad de los exchanges filipinos con plataformas extranjeras. La regla requiere que los VASP transmitan datos como nombre, dirección y número de identificación, lo que aumenta la transparencia y ayuda al BSP a cumplir con sus obligaciones AML.
Para los usuarios habituales, la combinación de BSP, la Ley de Criptomonedas y la FATF Travel Rule significa que cualquier compra, venta o swap debe pasar por procesos de verificación de identidad. Los wallets que operan sin custodiar fondos pueden quedar exentos, pero aun así deben registrar la dirección de origen y destino si superan ciertos umbrales (por ejemplo, 500 USD o su equivalente en pesos). En la práctica, esto genera una experiencia similar a la de los bancos tradicionales: debes subir una foto de tu documento, un selfie y, en algunos casos, una prueba de domicilio.
Otro aspecto clave es la tributación. Desde 2021 la Agencia de Impuestos Interna (BIR) considera los cripto‑activos como bienes sujetos a impuesto sobre la renta y al impuesto a la transferencia de bienes (Capital Gains). El atributo “tipo de impuesto” tiene como valor la tasa del 20 % sobre ganancias netas, mientras que el atributo “declaración” exige incluir los movimientos en la declaración anual. No cumplir puede generar multas que van del 25 % al 50 % del importe adeudado.
Mirando al futuro, se espera que el BSP lance un sandbox regulatorio para probar proyectos de DeFi y tokenización de activos reales (RWA). La entidad ha señalado que la innovación sostenible será su prioridad, y que las regulaciones podrían suavizarse si los proyectos demuestran resiliencia contra riesgos de ciberseguridad y lavado de dinero. En este escenario, la relación entre la normativa local y las normas FATF seguirá evolucionando, creando un ecosistema más integrado y confiable.
Con todo esto claro, a continuación encontrarás una colección de artículos que profundizan en cada uno de los puntos mencionados: desde guías paso a paso para registrar tu exchange en el BSP, hasta análisis de cómo la Ley de Criptomonedas impacta a los traders. Explora los recursos y descubre cómo aplicar estas normas a tu estrategia cripto de forma segura y rentable.
Descubre qué exchanges de criptomonedas fueron incluidos en la lista negra de la SEC filipina, por qué fueron sancionados y cómo afecta a los usuarios y al mercado local.
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